Tal día como hoy, un 12 de agosto de 2007, entró en vigor lo que se vendió a la opinión pública bajo el vistoso y políticamente correcto titular de «Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte».
Eso no fue más que la firma de un cheque en blanco para implantar un régimen represivo sin precedentes en el fútbol español.
Tras casi dos décadas de aplicación, el balance es devastador: estadios transformados en anfiteatros grises y asépticos, donde la cultura de animación se ha criminalizado y miles de aficionados son perseguidos bajo la apisonadora del derecho administrativo sancionador.
La Ley 19/2007 no nació para erradicar la violencia real; nació para erradicar cualquier atisbo de disidencia en las gradas y convertir el mejor deporte del mundo en una red clientelar formada por comepipas y palmeros.
La trampa del derecho administrativo: Asfixia económica sin juicio
El mayor peligro de la Ley 19/2007 reside en su naturaleza administrativa.
Al no tramitarse por la vía penal en la inmensa mayoría de los casos, la ley esquiva la presunción de inocencia y las garantías constitucionales básicas de un juzgado:
- Multas desproporcionadas: Propuestas de sanción que van desde los 3.001 € hasta los 60.000 € por infracciones ambiguas catalogadas como “graves”.
Levantarse en el asiento, mostrar una pancarta no comunicada previamente con 72 horas de antelación o protestar contra la directiva de un club puede costar el salario de medio año a cualquier aficionado. - La palabra del agente como verdad absoluta: En el procedimiento administrativo, la palabra de la policía goza de presunción de veracidad.
Un informe de la Unidad de Control Organizativo (UCO) basta para arruinar económicamente a un chaval sin necesidad de aportar pruebas en vídeo o evidencias periciales. - Incomodidad sistémica: Las prohibiciones de acceso a recintos deportivos no solo implican la imposibilidad de pisar un estadio por un período de 1 a 5 años, sino que también fuerzan al aficionado a alejarse de su club y su entorno por decisión judicial.
En este contexto, cualquier riña tumultuaria sin denuncias ni hospitalizaciones justifica la aplicación de su particular “justicia”.
Criminalización de la identidad y la cultura de grada
El espíritu del fútbol siempre ha radicado en su pasión, sus colores, el colorido visual y la presión acústica.
La Ley 19/2007 convirtió las señas de identidad del mundo ultra y casual en motivo de delito:
- Prohibición de material de animación: Megáfonos, bombos, pancartas de grupo, tirones de tela y banderas pasaron a ser fiscalizados, censurados o directamente prohibidos bajo el pretexto del “fomento de la intolerancia”.
- El “Libro de Registro” y las listas negras: La ley impuso la obligación de registrar y fichar colectivos.
Aquellos grupos o peñas no registrados oficialmente o declarados “no gratos” perdieron cualquier vía de apoyo o conservación de material, forzando la clandestinidad o el desarme organizativo. - Vestimenta y estética casual bajo la lupa: Portar ropa de marcas asociadas a la cultura casual, llevar la cara cubierta por el frío en los aledaños o simplemente vestir de negro ha servido de excusa recurrente para identificaciones preventivas, cacheos vejatorios y retenciones arbitrarias en las inmediaciones de los estadios.
- Continuas prohibiciones a grupos de animación: Crear una grada de animación en la que el único fin sea animar a tu club también es delito según el “gran” Fernando Grande-Marlaska.
Prueba de ello es la reciente prohibición a Gol Sur 1907 (Grada de animación del Real Betis Balompié) y Safari Bizirik (Grada de animación del Club Atlético Osasuna). - Tratos vejatorios por parte de las FCSE: Es cada vez más reiterado el abuso de poder de los cuerpos de seguridad del país, confirmando así que estamos en un país podrido donde se ataca antes al ciudadano que disfruta de su pasión que al ladrón de turno.
Sin dejar atrás el continuo aumento de las propuestas de sanción, con más de 2.000 en el último año.
¿Cuántas de estas propuestas acaban siendo efectivas? - Constantes sanciones sin llegar a ningún puerto: En cada temporada que finaliza, aumentan las propuestas de sanción.
Esta última temporada, 2056 propuestas para sanción, de las cuáles, la gran mayoría son sobreseídas.
Según el ministerio del interior son cifras históricas, pero, ¿Cuáles son los motivos de esas sanciones? ¿Mostrar tu descontento a tu club también es motivo de sanción? La persecución cada vez es mayor.
El mapa de la represión se amplía: La persecución más allá del estadio
Recientemente, hemos podido saber que si el cerco dentro de los recintos fuera poco, la futura modificación de la Ley 19/2007 busca dinamitar las últimas fronteras llevando el régimen sancionador más allá del día de partido y del perímetro del estadio.
Con este endurecimiento propuesto desde el Ministerio del Interior y la patronal futbolística, el Estado pretende castigar cualquier quedada, desplazamiento o reunión de colectivos en calles, bares o estaciones de transporte, independientemente de que se produzcan horas antes, días después o a kilómetros de distancia del recinto deportivo.
La estrategia es clara: desarticular la vida social comunitaria que da sentido al movimiento ultra, convirtiendo la mera pertenencia o la reunión de aficionados en el espacio público en un pretexto para expedientes administrativos, multas desproporcionadas e identificaciones preventivas fuera de los focos del estadio.
¿Hasta cuándo vamos a seguir aguantando semejantes gilipolleces?
#DerechosParaLaAfición